Perfiles por discriminación racial.
Delitos por odio no denunciados.
Familias separadas y padres de familia deportados por haber cometido errores "insignificantes".
Un pequeño grupo de activistas de inmigración hicieron una letanía de acusaciones contra la Oficina del Sheriff del Condado de Collier y oficiales del orden público en general, en la tarde del jueves durante una conferencia de prensa frente a la corte del Condado de Collier. Hicieron un llamamiento para una reforma migratoria integral y reclamaron que se diera fin al programa 287(g) de tres años de la Oficina del Sheriff, que da a oficiales de la policía entrenados, la autoridad federal para actuar como agentes de inmigración y deportación.
Sin embargo, cuando se les pidió por las pruebas para respaldar sus acusaciones contra el controvertido programa, los activistas tenían poco que ofrecer.
"Estamos buscando los datos en este momento", dijo Felipe Matos, de 24 años, organizador nacional de Basta (Enough) 287(g), la campaña que está organizando demostraciones similares en todo el país. "Actualmente sabemos que la comunidad está muy asustada, y la comunidad no está denunciando delitos".
Cuando se le preguntó por los nombres de personas quienes él cree que la Oficina del Sheriff ha deportado sin orden judicial, Matos se negó.
"No puedo dar a conocer los nombres porque si yo lo hiciera, sería ir en contra de la voluntad de las mismas personas que tienen temor a presentarse en este momento", dijo.
Desde la creación de 287 (g) en el Condado de Collier en 2007, la Oficina del Alguacil ha colocado casi 2.700 órdenes inmigratorias para la expulsión del país de inmigrantes ilegales, según informes de la agencia.







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