El proyecto de Ley Oficial Andrew Widman, firmado como ley por el gobernador Rick Scott, hará que sea más fácil que los jueces mantengan a la gente tras las rejas.
El problema es que los abogados defensores tienen un problema con que sea más fácil mantener a la gente tras las rejas.
El proyecto de ley se dio en respuesta a la tragedia que ocurrió hace tres años en “downtown” Fort Myers, cuando un delincuente crónico asesinó al oficial de la policía de Fort Myers Andrew Widman, cuando éste respondió a una denuncia de violencia doméstica.
El delincuente, Abel Arango, fue muerto por otros agentes en la escena. Recientemente había tenido encuentros con la ley que, bajo cualquier norma racional, deberían haberlo mantenido en la cárcel en lugar de estar libre causando problemas.
Pero el error humano y deficiencias en el sistema conspiraron para mantenerlo libre, en última instancia costándole a Widman, padre de tres hijos, su vida.
En 1999, Arango fue condenado a cinco años de prisión seguidos de 15 años de libertad condicional por cargos de robo a mano armada y robo en el Condado de Collier. El 16 de mayo de 2008 fue arrestado en el Condado de Lee por tráfico de cocaína. Ya que estaba en libertad condicional, la noticia de su arresto puso las cosas en marcha para que fuera acusado de violación de libertad condicional. Pero la orden de arresto por violar su libertad condicional no estuvo lista hasta el 23 de mayo. Ordenaba que Arango fuera detenido sin fianza, pero para entonces hacía mucho que se había ido. Un día después del arresto un juez fijó una fianza de $100,000. Arango llegó con el dinero y salió de la cárcel el 17 de mayo.
Sorprendentemente, volvió a los tribunales para enfrentar la lectura de cargos el 16 de junio. Sin embargo, nadie se percató de la existencia de la orden de no aceptarle fianza por haber violado su libertad condicional. Hizo su aparición en la corte y se marchó. No tuvo más contacto con los tribunales o la policía hasta el tiroteo mortal el 18 de julio.
La Ley Widman le da a los jueces latitud para actuar en ausencia de una orden judicial por violación de libertad condicional. Si el juez considera que es probable que un acusado en libertad condicional vaya a la cárcel después que se le acuse de violar su libertad condicional, el juez puede ordenar que el acusado sea retenido en la primera comparecencia judicial, incluso sin un documento con los cargos.
Los defensores del proyecto de ley dicen que podría haber salvado la vida de Widman. Puede que eso sea cierto. El juez que fijó la fianza de Arango sabía que estaba en libertad condicional, de ahi que fijara la inusualmente alta fianza por $100,000.
Sin embargo, un veterano abogado defensor dice que con o sin buenas intenciones, los jueces no pueden ordenar que la gente sea retenida por cargos que aún no han sido formulados.
Mike McDonnell dijo que no ha leído la Ley Widman, pero que por lo que ha escuchado, anticipa que su legalidad sea puesta a prueba en la corte.
"Puede que la Constitución de los EE.UU. tenga algo que decir al respecto", dijo McDonnell. "No hay duda de que será cuestionada".
Un análisis de la Ley Widman preparado por el personal de la Legislatura reconoce un posible problema con la ley. "Puede que haya un problema de separación de poderes en la medida en que se podría decir que el tribunal estaría asumiendo el papel de la rama ejecutiva (el Departamento de Correcciones) al iniciar el proceso de violación de libertad condicional", señala el análisis.
A continuación, agrega, "Quizás las inquietudes en cuanto al debido proceso y la separación de poderes sean eliminadas, o al menos reducidas, si un tribunal de apelación le da gran importancia a la cuestión de la seguridad pública, traída a la atención de la Asamblea Legislativa por el caso de Arango y abordada por este proyecto de ley".
McDonnell dijo que esas inquietudes no deben dejarse a un lado de manera tan casual. "Es por eso que no nos gustaba el Rey Jorge (refiriéndose al monarca inglés durante la independencia de los EE.UU.). Él tiraba a la gente en la cárcel sin órdenes judiciales".
El representante estatal Matt Caldwell, patrocinador del proyecto de ley en la Cámara de la Florida, dijo que no estaba al tanto de problemas constitucionales con la Ley Widman. "No recuerdo a nadie mencionando eso (durante las audiencias sobre el proyecto de ley). Eso nunca se me ha hecho saber", dijo.
La Ley Andrew Widman es una de dos estrategias tras las que siguen los tribunales y agentes del orden público, después de la protesta pública que se dio relacionada al asesinato del oficial.
La otra es un sistema informático que les avisa a los jueces cuando existe una orden judicial vigente contra un acusado que comparece para una lectura de cargos. Los alguaciles y funcionarios de los tribunales de los condados Collier y Lee pagaron por este sistema en los meses posteriores a la tragedia. En cada uno de sus últimos dos años en el cargo, el gobernador Charlie Crist incluyó cerca de $3 millones en su presupuesto para llevar el sistema a nivel estatal. Cada vez fue considerado demasiado costoso por la Asamblea Legislativa.
Si hubiera estado funcionando, habría llamado la atención acerca de Arango durante su comparecencia ante el tribunal el 16 de junio. Ya que se limita a comunicarle a un juez acerca de una orden existente, en lugar de permitirle que detenga a una persona bajo la creencia de que una orden judicial está en camino, evita las inquietudes constitucionales que McDonnell expresó.
Teniendo en cuenta que el defender múltiples apelaciones de abogados rebatiendo la Ley Widman, fácilmente podría costar más que el programa informático en Collier y Lee, sería prudente que el gobernador y la Legislatura mantuvieran la solución propuesta por Crist en sus mentes como un Plan B, por si acaso el Plan A no cumple los requisitos en el plano judicial.



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